Mineros ilegales destruyen campamento de exploración en Antabamba
• El proyecto minero Azuca de propiedad de Compañía Minera Ares S.A.C. fue saqueado y quemado por presuntos integrantes del grupo Uchuro. • La carretera hacia el campamento del citado proyecto ha sido bloqueada con rocas, obstaculizando el acceso de personal de la compañía a sus instalaciones.
Ayer por la mañana, el campamento del proyecto de exploración Azuca de propiedad de Compañía Minera Ares S.A.C. (“ARES”), ubicado en Antabamba, Apurímac, fue quemado y destruido, antes sacaron a la fuerza al personal de ARES que se encontraba en el citado proyecto. Este nuevo atentado contra la propiedad privada habría sido ejecutado por un grupo de mineros ilegales que forman parte del grupo “Uchuro”. Conocido el hecho ARES solicitó el apoyo a la comisaría de Totoro Orope za, por lo que, siete efectivos policiales se dirigieron al lugar para evidenciar lo ocurrido. Camino al campamento encontraron la carretera bloqueada por grandes rocas que obstaculizaban el tránsito vehicular. A su llegada al proyecto, que actualmente está en inactividad (que no había reportado conflictos anteriormente), los efectivos policiales confirmaron que todos los ambientes del campamento, así como la garita de control de acceso, fueron saqueados y quemados. Como corresponde en un Estado de Derecho, ARES presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía e informó el hecho a las demás autoridades competentes como el MINEM, OEFA y OSINERGMIN. ARES aclaró que no se trata de un conflicto social, sino de un acto ilícito que tiene como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca, para realizar minería ilegal, lo que constituye un grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad de quienes explotan minerales sin los mínimos estándares de calidad. Se sabe que las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de estos hechos delictivos. Como se puede ver, este hecho no es aislado, ya que durante los últimos meses se identificaron actos de violencia y vandalismo contra la actividad minera formal en varias partes del país, principalmente en la zona sur. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal está presente en más de 13 regiones del país, lo que no solo ocasiona pérdidas materiales y económicas para las empresas formales, sino que también pone en riesgo la vida de los peruanos aledaños a las zonas afectadas, y contamina los ecosistemas nacionales. Es lamentable que se permitan estos atropellos a la propiedad, en un país que necesita estabilidad para captar inversión privada en general, y minera en particular. Como se puede notar se está permitiendo que la minería ilegal avance impunemente, causando daños ambientales y sociales. Es hora de que el gobierno, encargado de hacer respetar las normas y de velar por el respeto al Estado de Derecho, actúe con firmeza y tome las acciones necesarias para garantizar que las inversiones formales, que dan trabajo y beneficios al Estado por medio de los impuestos realicen trabajos respetando el medio ambiente y generando condiciones para un trabajo seguro, además sean actores del desarrollo del país, pero sin temor a ser objeto de atropellos como el ocurrido en Azuca, así como en otros proyectos y minas en operación.
