Defensoría pide a gobiernos regionales y locales acciones de preparación urgente ante aumento de lluvias
De acuerdo a informe del Cenepred, hay más de 3 millones de personas en muy alto riesgo ante posibles inundaciones o deslizamientos.
La Defensoría del Pueblo exhortó a los gobiernos regionales y locales a adoptar medidas de preparación ante los posibles escenarios de riesgo que podrían presentarse debido al aumento de las lluvias, especialmente en las regiones ubicadas en las zonas amazónica, sierra central y sierra sur. Según se informó, estos escenarios incluirían inundaciones, deslizamientos y derrumbes, que podrían afectar gravemente aspectos esenciales para el desarrollo del país, como la infraestructura vial y los servicios de salud y educación. De acuerdo a un reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), hay probabilidad de superávit de lluvias en la sierra central y sur, así como en la selva central y el sector norte de selva baja para el periodo comprendido entre enero y marzo de este año, lo que podría intensificarse a partir de este mes en regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna, entre otras. Según el mismo reporte, hasta el momento se han identificado 1 153 810 personas en riesgo muy alto por inundaciones. En esta condición se incluye a un total de 279 408 viviendas, 801 establecimientos de salud y 3736 instituciones educativas. Asimismo, se estima que 1 566 727 personas se encuentran en muy alto riesgo ante posibles deslizamientos, huaicos o caída de rocas, junto a 448 246 viviendas, 1673 establecimientos de salud y 10 387 instituciones educativas. En este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos regionales y locales adoptar medidas para garantizar la atención y servicios a favor de las personas en condición de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional, a fin de no afectar los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad.