Contraloría advierte infraestructura en mal estado y carencia de material de enseñanza en II.EE. públicas
La Contraloría General informó que en la región Apurímac se advirtió infraestructura en mal estado, carencia de material de enseñanza y falta de condiciones para la orientación educativa, entre otros problemas, en las instituciones educativas públicas (IIEE) visitadas durante el Operativo Nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022”, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y/o semi presencialidad de miles de estudiantes que iniciarán clases escolares como máximo el próximo 28 de marzo. En Apurímac, el operativo se realizó a una muestra representativa de 255 de IIEE públicas de primaria y secundaria, lo que revelaría la actual problemática en toda la jurisdicción departamental. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%. Para la ejecución del operativo en la región Apurímac, se desplegaron 22 auditores y monitores ciudadanos de control, desde el 31 de enero al 18 de febrero de este año revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora que deberán ser implementadas por los responsables del Sector Educación y Dirección Regional de Educación de Apurímac, los que se detallan como situaciones adversas en el Informe N° 133-2022-CG/GRAP-SVC. El operativo verificó las condiciones de bioseguridad ante la COVID-19; documentos de gestión institucional, así como lo relacionado a la infraestructura, el equipamiento y la prestación de los servicios básicos. Las principales situaciones identificadas en las IIEE de la región Apurímac, son: Deficiencias en infraestructura De la visita efectuada a 255 IIEE públicas de la región, se observó que en su mayoría presentan mal estado en techos (197 – 77.25%), puertas (187 – 73.33%), ventanas (180 – 70.59%), paredes (177 – 69.41%), pisos (162 – 63.53%), cerco perimétrico (143 –56.08%) y losas deportivas (130 –50.08%), entre otros, que podrían afectar la integridad y salud de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las situaciones identificadas podrían poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa; así como el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que propiciarían el ingreso de personas no autorizadas, accidentes, derrumbes y exposición a peligros naturales y fenómenos climáticos.
