Clausuran actividades en la Comunidad Piloto para las Víctimas de Violencia Política
Experiencia exitosa en la Comunidad de Cotaruse en los Centros Poblados de Pampamarca y Promesa.
Entre los años 1980 al 2000, el Perú atravesó un periodo de violencia que dejó huellas profundas en la población y de manera más intensa en las zonas altos andinos y rurales, en los sectores de la población históricamente marginadas, estas huellas se observan en lo material y de forma particularmente evidente en la manera de vivir de las personas y de relacionarse entre ellas. Se habla entonces de secuelas psicosociales, siendo estas últimas las más difíciles de reparar. Estudios de evaluación de impacto del proceso de violencia experimentado durante los años 1980 a 2000 en la población, muestran alta prevalencia de los problemas de salud mental. La Ley 28592 PIR Reparaciones y su reglamento D.S. Nº 015-2006 JUS en el Artículo “1” establece el Marco Normativo del Plan Integral de Reparaciones - PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo 1980 a noviembre de 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el articulo “2” está relacionado a los componentes haciendo mención al programa de restitución de derechos ciudadanos y finalmente en el artículo “3” nos da la definición de víctima que alude a las personas o grupos de personas que han sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución, extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento, forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas durante este período. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó en su Informe Final una lista preliminar de 22,507 víctimas fatales, de las cuales 8,558 son personas desaparecidas, se ha señalado en sus recomendaciones la necesidad de la investigación forense de “sitios” de entierro que contribuya a la ubicación de personas víctimas de desaparición forzada, caídas en combate o asesinadas extrajudicialmente. Este proceso trae a la memoria de familiares y comunidades los dolorosos hechos vividos, lo que puede generarles sentimientos de dolor, miedo, desconfianza, culpa y tener efectos tales como revivir conflictos, rechazar el mantener la memoria viva o experimentar dificultades para acceder a un mejor futuro. Por ello estamos ante la necesidad de una intervención integral de carácter humanitario (investigación forense, defensa legal y de salud mental comunitaria) que apoye las personas de las comunidades o localidades que fueron afectadas.
