Caso Odebrecht: corrupción institucionalizada
La corrupción generalizada del caso Odebrecht exige una depuración total del sistema de justicia. El Perú arrastra desde hace más de una década una herida institucional que no termina de cerrar: el manejo del caso Odebrecht por parte de un sector del Ministerio Público y del Poder Judicial. La que debió ser la investigación anticorrupción más trascendental de nuestra historia acabó convertida en un proceso dirigido, manipulado y funcional a los intereses exclusivos de aquel conglomerado brasileño. Semejante desviación no fue accidental: fue ejecutada por fiscales y jueces que, según interminables denuncias y evidencias públicas, actuaron con una parcialidad incompatible con la función pública. Este escriba sostiene que los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, junto con el juez Richard Concepción Carhuancho, no actuaron como defensores de la ley, sino como operadores de una agenda que terminó beneficiando a Odebrecht y perjudicando al Estado peruano. La exprocuradora Yeni Vilcatoma, una de las pocas voces en advertir esas irregularidades, viene explicando desde el inicio que existen elementos suficientes para imputar a los responsables no solo por lavado de activos, sino asimismo por organización criminal, colusión y cohecho. Y esos responsables no se limitan a los ejecutivos brasileños: incluyen a cómplices políticos, mediáticos, jueces, fiscales y abogados peruanos que, sistemáticamente, actuaron contra los intereses del país. Los hechos son contundentes. En diciembre de 2016, la justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había admitido haber pagado US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos en la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro. Esa información debió ser el punto de partida para una investigación integral y rigurosa. Sin embargo, bajo la conducción del nefasto fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, se creó un equipo especial que, lejos de profundizar las pesquisas, terminó estableciendo un marco de colaboración que redujo a nada sus responsabilidades. El equipo Lava Jato decidió procesar a Odebrecht solo por cuatro proyectos, pese a que existían indicios de corrupción en más de 36 casos. La comisión investigadora presidida por Rosa Bartra detectó irregularidades en once proyectos adicionales. Aun así, Vela y Pérez pactaron establecer una reparación civil de apenas S/610 millones (unos US$120 millones al tipo de cambio), cifra que representaba menos del 80 % de los beneficios ilegales confesados por la empresa, solo en dos obras. Sin explicación, el resto quedó fuera del acuerdo. Los casos Odebrecht han caído uno tras otro como castillos de naipes, sin sentencias firmes, sin reparación integral y sin responsables plenamente identificados. El proceso contra Susana Villarán incluso involucra la muerte de un testigo clave que había anunciado revelar información comprometedora. El Perú no puede seguir tolerando esta degradación institucional. El régimen Fujimori tiene la obligación de desratizar el Ministerio Público y el propio Poder Judicial. Y voces como la de Yeni Vilcatoma debieran ser incorporadas para reconstruir una investigación severa, exclusivamente orientada a descubrir la verdad. Solo así concluiremos, de una vez por todas, con el capítulo de corrupción más oprobioso que ha golpeado gravemente al país. Fuente: Expreso
