Apurímac: Tres importantes proyectos del sector salud paralizados
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, según la Contraloría General de la República, tres proyectos del sector salud se encuentran paralizados en la región de Apurímac. Entre ellos, el fortalecimiento de la atención del segundo nivel de atención del Nuevo Hospital de Andahuaylas, a cargo del Gobierno Regional (GORE) Apurímac. Con un costo superior a los S/160 millones, el proyecto del Nuevo Hospital no ha alcanzado ni el 50% de avance físico, a pesar de haber comenzado en 2013 y haber tenido una duración proyectada de 600 días. Los beneficiarios de esta obra serían aproximadamente 160 mil apurimeños que contarían con acceso a un mejor servicio de atención en salud. “Los proyectos de inversión pública, como el del Hospital de Andahuaylas, se desarrollan en respuesta a deficiencias en la calidad y cobertura de los servicios de salud. En este caso, se identificó que la infraestructura hospitalaria existente en Andahuaylas era insuficiente para garantizar una atención de salud adecuada, por lo que estas inversiones están orientadas a reducir las brechas en la cobertura sanitaria. Sin embargo, la falta de una administración eficiente de los fondos públicos por parte del Estado impide alcanzar el impacto positivo esperado en la salud pública”, sostuvo Gabriela Espinar, economista de REDES. Los otros dos proyectos paralizados son el mejoramiento de los Centros de Salud de Lucre y Tintay a cargo de la Municipalidad Provincial de Aymaraes –con un costo superior a los 10 millones de soles–, y la construcción de la central de oxígeno, ambiente de aislamiento y subestaciones eléctricas a cargo de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho –por casi 400 mil soles–. Ambas obras llevan años paralizadas, la primera desde el 2016 y la segunda desde el 2020. Un informe de la Contraloría señala, además, que muchos equipos no han estado funcionando en dos importantes hospitales: Hospital Regional Guillermo Díaz y el Hospital II de Abancay. Situación del sector salud en Apurímac Según el Ministerio de Salud (MINSA), de los 7 hospitales en Apurímac, el 100% cuenta con una capacidad instalada inadecuada. Esto quiere decir que, actualmente, la población no accede a un hospital en condiciones óptimas, donde pueda recibir atención médica oportuna. “Cuando decimos que un establecimiento de salud tiene capacidad instalada inadecuada, nos referimos a que su infraestructura es precaria y su equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente, lo que impide que la atención brindada sea de calidad”, explicó la especialista. Además, el problema de infraestructura no solo guarda relación con los hospitales. Los establecimientos de primer nivel (PNAS) también están descuidados. Según el MINSA, en el 2023, el 97% de los establecimientos PNAS en el país tenía una capacidad instalada inadecuada. En Apurímac, al igual que a nivel nacional, casi el total de establecimientos –96%, equivalente a 395– se encuentran en estas condiciones. “El primer nivel de atención es el punto de entrada al sistema de salud y está diseñado para resolver problemas de salud comunes y de baja complejidad. Idealmente, este nivel debería atender el 80% de las necesidades médicas de la población. Sin embargo, en la práctica, el primer nivel de atención está desatendido en todo el país, incluyendo la región de Apurímac, lo que limita su capacidad para responder efectivamente a las demandas de salud de la población”, señaló Espinar. Finalmente, la especialista de REDES enfatizó que, en este contexto, la reactivación de los proyectos paralizados es fundamental para asegurar que miles de apurimeños tengan acceso a una atención oportuna. Por ello, subrayó, es fundamental contar con autoridades altamente capacitadas y competentes en la gestión eficiente de recursos públicos. “Solo a través de una administración profesional y estratégica se puede asegurar que las inversiones públicas cumplan sus objetivos y maximicen su impacto. Cada sol invertido debe traducirse en mejoras tangibles en los servicios ofrecidos a la ciudadanía, alineándose con sus necesidades y demandas prioritarias. La gestión eficaz de estos fondos no solo optimiza el uso de los recursos, sino que fortalece la confianza pública en las instituciones y contribuye al desarrollo sostenible”, concluyó Espinar.
