1 200 plantas mineras informales operarían en el Perú
Según cifras expuestas durante el II Congreso Internacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONIMAPE 2026), realizado en Arequipa, el país tendría alrededor de 1 200 plantas de procesamiento minero informales frente a solo 112 formales, una brecha que evidencia las dificultades para controlar el origen y la comercialización de los minerales. Durante el encuentro, especialistas de Perú y Chile advirtieron que la excesiva burocracia, los contratos de explotación pendientes y las deficiencias en la trazabilidad mantienen estancada la formalización. Óscar Cavero, vicepresidente de Operaciones de CAV Mining, señaló que los trámites involucran hasta 197 procedimientos habilitantes y propuso implementar una ventanilla única minera para integrar requisitos y agilizar las autorizaciones. El especialista también advirtió que numerosos pequeños productores trabajan en concesiones de terceros sin lograr acuerdos de explotación que les permitan regularizar sus actividades. A ello se suma la demora en los permisos, los costos administrativos y la falta de asistencia técnica, factores que dificultan su incorporación al sistema formal. Una de las principales preocupaciones está relacionada con las plantas de procesamiento, debido a que las deficiencias de fiscalización y trazabilidad pueden facilitar el ingreso de minerales de origen ilícito a las cadenas comerciales. Esta situación también representa riesgos ambientales y financieros, incluidos los vinculados con el lavado de activos. Desde la experiencia chilena, Betsabeth Obando, especialista en cumplimiento y prevención del crimen, destacó que la trazabilidad debe permitir identificar el origen del mineral en cada etapa de la cadena de suministro. Para ello, planteó fortalecer las auditorías, los controles internos y los mecanismos de debida diligencia que permitan detectar operaciones sospechosas. Por su parte, Luciano Taco, representante del Colegio de Ingenieros de Arequipa, cuestionó la lentitud de los procedimientos de formalización y pidió recuperar la confianza de los productores mediante asesoramiento técnico, información accesible y respuestas oportunas de las autoridades. También consideró necesario distinguir a quienes buscan regularizar sus actividades de aquellos involucrados en operaciones ilícitas. Los especialistas coincidieron en que el desafío es simplificar los trámites sin debilitar la fiscalización ambiental, financiera y de seguridad. El objetivo, señalaron, debe ser convertir la formalización en una oportunidad real para mejorar la productividad, atraer inversiones y promover una minería responsable, evitando que la ilegalidad siga aprovechando las brechas del sistema. Fuente: Todo Minería Digital
