Perú al límite: Plata o Plomo
Por: Adely Lopinta y Franz Meza
Una de las preguntas más
reiteradas que uno se hace cuando visita la capital es: ¿Lima es peligrosa?
Ante los acontecimientos que
vienen sucediendo en nuestra capital los transportistas (Conductores,
cobradores y pasajeros) se reunieron el 26 de septiembre pasado para hacer oír
sus voces debido a la indignación y la ausencia de respaldo del gobierno
actual. Principalmente, el temor los impulsó a manifestarse en las calles,
donde varios de ellos dejaron de trabajar durante al menos más de una semana
por extorsiones, muertes y empresas amenazadas, esta nueva ola de criminalidad
está causando revuelo en todo el Perú.
En Perú, las víctimas de
algún delito cometido con arma aumentaron de 20.1% en el 2013 a 46.9% en el
2023, según el INEI por otro lado, de acuerdo con el Barómetro de Seguridad
2024 de Verisure, que mediante IPSOS Perú se recoge las percepciones de los habitantes
en Perú urbano, el 76% de los entrevistados se percibe inseguro al salir de su
hogar, mientras que el 28% sostiene sentirse inseguro incluso en su hogar, en
este contexto, la criminalidad y la falta de seguridad ciudadana se han
transformado en la mayor inquietud de los ciudadanos peruanos.
Para aclarar respecto a este
problema se menciona que la delincuencia y la inseguridad ciudadana son un
problema incontrolable al que se enfrentan la población y los líderes de todas
las naciones del mundo, en sus distintos niveles de riesgo de ser víctimas de
hurtos, coacciones y secuestros. Esto es percibido por la sociedad, que
experimenta un dolor directo e indirecto de estos sucesos y percibe una
desconfianza en las acciones de sus instituciones y su gobierno (Leiva y
Ramírez, 2021). Pero esto nos conlleva a preguntarnos también ¿Cuál es el
origen de la delincuencia? De acuerdo a la CEPAL menciona que la delincuencia
se origina por diversos aspectos tanto sociales como económicos como: La
pobreza, la falta de empleo, la desigualdad económica, la falta de valores y
principios y la falta de leyes adecuadas, estos aspectos son evidentes en
nuestro país tal que las noticias que circulan cada día tienen títulos que
horrorizan al ciudadano de a pie, Perú 21 nos ofrece una noticia donde un padre
de familia cubrió con su cuerpo a sus hijos durante balacera en San Martín de
Porres, otro medio como Exitosa noticias tiene un título de noticia impactante
la cual dos menores de edad perdieron la vida a
balazos en la Av. Argentina del Callao. Asimismo, El Comercio destaca con una trágica
noticia de un Administrador que fue asesinado por falsos delivery y según sus familiares ya recibía amenazas de muerte todo esto ocurrido en San Miguel. Por ello tanto el sector
privado y la ciudadanía esperan acciones contundentes contra el crimen
organizado, nuestro gobierno no ha desarrollado una estrategia integral que
combine la prevención, la intervención y la rehabilitación. Además, nuestro
gobierno desesperado ante la situación agraviada, actúa de manera superficial
con medidas que hasta el día de hoy lamentablemente no son efectivas.
Para nadie es insólito ver
noticias donde la percepción se vuelve vulnerable ante la inseguridad en la
capital, pero en estos momentos se agravó al punto de no ser controlado por
nuestro gobierno, esta situación revela no sólo la incapacidad de las autoridades
para controlar el crimen organizado y la extorsión, sino también un sistema
legislativo que, en ocasiones, parece favorecer a estas organizaciones. El
Congreso de la República el pasado 9 de agosto, promulgó una ley que limita la
persecución efectiva de la criminalidad organizada y la corrupción, lo que
beneficia indirectamente a estas organizaciones. Teniendo en cuenta que la
seguridad e integridad es un derecho fundamental básico, las leyes que se
promulguen deberían fortalecer la lucha contra el crimen y la corrupción, en
lugar de debilitarlas.
La inseguridad creciente en
nuestro país no solo impacta gravemente a los ciudadanos, sino que también pone
en riesgo las inversiones nacionales y extranjeras. Ningún inversor se siente
atraído por un país donde la delincuencia prevalece, lo que obstaculiza el
desarrollo económico sostenible y deteriora la calidad de vida. Salir a la
calle no debería suponer un riesgo, ni mucho menos trabajar bajo la amenaza de
extorsión, poniendo en peligro la vida e integridad de las personas.
Lamentablemente sin un compromiso real y efectivo para modificar esta
situación, seguiremos atrapados en un ciclo de temor, donde la violencia y la
falta de castigo se convierten en nuestra lamentable situación, por eso es
importante que el estado priorice políticas preventivas en lugares con mayor
foco delictivo e implementar planes distritales de seguridad ciudadana y
mejorar los alumbrados y las videocámaras con centros policiales o de
seguridad.