Señalan que fortalecer los operativos es clave para frenar la minería ilegal
Las acciones de control contra la minería ilegal continúan siendo consideradas una herramienta fundamental para proteger el orden público y los recursos naturales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que las economías ilegales debilitan las instituciones, afectan la confianza ciudadana y reducen las oportunidades de desarrollo, mientras que el Banco Mundial señala que un Estado con capacidad para hacer cumplir la ley genera mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico. En el Perú, el Decreto Legislativo N.° 1100 establece medidas para la interdicción de la minería ilegal con el objetivo de proteger el ambiente y recuperar el control del territorio donde operan estas actividades. Asimismo, la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 017-2019-IN, reconoce que las economías ilegales requieren una respuesta coordinada del Estado para reducir su impacto sobre la seguridad y la ciudadanía. Analistas en seguridad y gobernanza coinciden en que los operativos deben formar parte de una estrategia integral que incluya prevención, inteligencia, persecución del delito y fortalecimiento institucional. Consideran que mantener una presencia permanente de las autoridades en las zonas afectadas contribuye a limitar el avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y refuerza la protección de las comunidades y del patrimonio natural.
