El 5 % de 7,500 mineros artesanales inscritos en el REINFO están formalizados en Apurímac
Director de la DREM, Raúl Farfán, señala que carencias logísticas y presupuestales limitan el avance del proceso de formalización, así como las dificultades para firmar contratos con titulares de concesiones. Resalta que índice de criminalidad en Apurímac es mínimo en comparación con otras regiones del país. De acuerdo con información de la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM Apurímac) que viene impulsando el proceso de formalización minera, a la fecha más de 7 500 mineros artesanales se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), entre los cuales, 1 800 a 2 000 están activos o vigentes. De esta cifra, 15 titulares mineros, o sea, el 5.2 % lograron formalizarse los últimos años en 4 REINFO colectivos que agrupan a 385 mineros artesanales aproximadamente y otros 11 REINFO individuales que cuentan con sus respectivas personerías naturales y/o jurídicas, anota el director de la DREM Apurímac, Raúl Farfán. Para el funcionario esta situación no deja de ser preocupante toda vez que la formalización (tanto en el procedimiento extraordinario como el ordinario) no avanza al ritmo que esperaba, pero de algo sí está seguro, permitió que muchos comuneros carentes de oportunidades y sin trabajo -buena parte de ellos son jóvenes-, tengan un ingreso económico relativamente seguro para alimentar y garantizar su bienestar y de sus familias, “… por eso tiene que darse una mirada distinta a la actividad minera artesanal en nuestra región y no equipararla con lo que sucede en otras regiones”, apuntó. Dio a conocer la distribución de REINFO por provincias: Aymaraes (1 600), Andahuaylas (1 599), Grau (1 417), Cotabambas (1 117), Antabamba (981), Abancay (721) y Chincheros (68), “no es casualidad que el mayor número de mineros inscritos se encuentren en zonas con indicadores altos de pobreza”, agrega. El ratificado director de la DREM Apurímac enfatiza que el principal problema que tiene la región respecto a la minería informal e ilegal, no es la criminalidad y delincuencia organizada como ocurre en regiones del norte y sur del país, sino, la falta de logística necesaria y presupuesto para impulsar la formalización, “no tenemos ni una camioneta propia para cumplir con nuestra labor de fiscalización, pese a ello, realizamos inspecciones y diligencias técnicas, nos hemos reunido y dialogado con los mineros artesanales sobre la necesidad de ordenar el sector y ellos están de acuerdo, como evidencian los 1,550 instrumentos ambientales (IGAFOM) evaluados”, aseveró. Farfán resalta los logros de su gestión, precisando que en el período 2023-2024 formalizaron 2 asociaciones de mineros artesanales (Culco y Piscoya que agrupan alrededor de 130 mineros artesanales), dos mineros como personas naturales y, por cerrar, un tercer plan de formalización de la Asociación de Mineros Artesanales de San Juan de Juta, en el distrito de Lucre, en Aymaraes. “Lo que a nosotros nos importa es formalizar a nivel de asociaciones porque éstas generalmente representan a comunidades organizadas que se enfocan en realizar actividad minera”, puntualizó. ¿REINFO INVIABLE? De otro lado, Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas de Julio del 2024, de 87,111 pequeños mineros informales inscritos en el Reinfo, apenas 2,090 (2.4 %) han logrado formalizarse, 68,817 (79 %) se encuentran con la inscripción suspendida por incumplir los requisitos de vigencia, y 16,204 (18.6 %) continúan en proceso de formalización, muchos solo en el papel. Estos datos, sin embargo, no incluyen a los que no están interesados en formalizarse, lo que podría elevar las cifras. No en vano, la producción conjunta de la minería informal e ilegal en 2022 representó el 39.3 % de la producción nacional de oro: aproximadamente 4 mil millones de dólares. El REINFO no consiguió diferenciar a los mineros formales y artesanales de los ilegales y, al mismo tiempo impidió la lucha contra la minería ilegal. El problema es que el registro pasó de ser un proceso temporal (3 años) a convertirse en uno sin fin. Desde su creación, el plazo de cierre ha sido ampliado dos veces, lo que ha impedido saber cuántos mineros ilegales aparentan estar en proceso de formalización.
