Defensores ambientales de Cotabambas continúan en juicio tras casi una década de proceso
Informa: PA. Wilman Caichihua Robles
El proceso judicial contra 11 defensores ambientales de Cotabambas sigue en la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Los dirigentes fueron sentenciados en octubre de 2024 a penas de entre 8 y 9 años de prisión por los presuntos delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos, tras su participación en las protestas de 2015 contra el proyecto minero Las Bambas. La defensa legal, liderada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), presentó un recurso de apelación tras la condena emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas. La audiencia en la Sala de Apelaciones inició el 19 de marzo de 2025, pero fue suspendida y reprogramada para el 31 de marzo. Organizaciones de derechos humanos han calificado este caso como emblemático, señalando una estrategia de criminalización de líderes campesinos. En entrevista en el programa radial Chaski Willakuykuna, Jacinto Lucas Lima, Exdirigente comunitario de Tambulla y uno de los sentenciados, denunció que el proceso judicial responde a intereses económicos de la empresa minera y a la falta de independencia de las autoridades. Señaló que cuatro comuneros fueron asesinados y más de 20 resultaron heridos sin que haya responsables. “Mientras nosotros enfrentamos prisión y pago de reparaciones civiles, los culpables siguen impunes”, afirmó. Lucas Lima también criticó la falta de justicia para las víctimas de la represión y alertó sobre la infiltración de provocadores en las protestas como estrategia para deslegitimarlas. “Nos han incriminado con falsas acusaciones para imponer un poder absoluto y garantizar el saqueo de nuestros recursos”, denunció. Asimismo, reafirmó que la protesta social está amparada por la Constitución y no debe ser criminalizada. Finalmente, el dirigente agradeció la solidaridad de las organizaciones sociales y comunidades de Apurímac, pero hizo un llamado a las autoridades para que se pronuncien. “No pueden vivir solo de nuestros votos, deben respaldarnos y exigir justicia, tengan en cuenta que gracias a nuestras luchas llega el canon minero para todos”, concluyó. Mientras tanto, el caso sigue en espera de una decisión en la etapa de apelación.
