Con recursos públicos perdidos por la corrupción se habría podido eliminar la pobreza
• Más del 50% de pérdidas por corrupción se concentrarían en gobiernos regionales y municipales. • Gobierno Nacional registraría el 44% de pérdidas por irregularidades. • A nivel nacional, son 8730 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa
Durante el año 2022, la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56% (S/ 13 721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con el 44% (S/ 10 696 millones) de acuerdo al resultado de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado para este año por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Lo revelado representa un nivel de incidencia del 13.4% del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional. En ese sentido, el contralor general Nelson Shack, indicó que, si reflexionamos sobre sus efectos, con esos recursos públicos perdidos por la corrupción (más de 24 mil millones de soles), se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas. Esta estimación se realiza por cuarto año consecutivo en base a la identificación del promedio móvil interanual de las proporciones de perjuicio económico al presupuesto público, sobre la cual se ejecuta una extrapolación que permite proyectar las proporciones de pérdidas respecto al año anterior, en función al tipo de gasto, sector, departamento y nivel de gobierno. La finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables del país, ya que se dejan de ejecutar importantes obras y servicios. La estimación de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia entre del año 2022 respecto al año 2021 fue ligeramente menor pasando de 13.6% a 13.4%, sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor: en el 2021 fue de S/ 24 262 elevándose el 2022 a S/ 24 419. Por tipo de gasto La estimación hecha por la Contraloría General revela que, en el 2022, la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, también en el rubro de Inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8% (S/ 7 945 millones), seguido por Bienes y Servicios con 12.8% (S/ 6 523 millones) y Otros con 11.9% (S/ 9 950 millones). Un ejemplo de lo identificado fue el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además que se incumplieron requisitos, entre otras irregularidades (Informe de Control Específico N° 001- 2022-2-5568-SCE). Otro ejemplo de irregularidad detectada por la Contraloría, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General. Se identificó la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios y/o servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Informe de Control Específico N° 012-2022-2- 5996-SCE). Si bien en relación al año 2021 hubo una leve caída en el monto de corrupción correspondiente al gobierno nacional (de S/ 11 057 millones a S/ 10 696 millones), se observó un incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos de personal y otros, relacionado principalmente a problemas en el nombramiento de personal y aprobación de beneficios laborales al margen de la Ley. En los dos últimos años, de los S/ 16 938 millones de pérdida acumulados por el Poder Ejecutivo, el 41% corresponde al gasto en contrataciones, 30% al gasto en personal y 21% en inversiones.
