Abancay: MINJUSDH realizó audiencia y escuchó opinión de la ciudadanía sobre pena de muerte para violadores de menores
En el marco de las acciones impulsadas por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, se llevó a cabo, en Abancay (Apurímac), la décimo tercera audiencia descentralizada para debatir la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de edad. En su discurso de inauguración, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí, mencionó que “estamos aquí para escuchar las diversas posturas ante un tema tan sensible, que nos interpela no solo como autoridades o representantes de nuestras comunidades, sino también como seres humanos comprometidos con la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad: nuestros niños y niñas”. El objetivo de estas audiencias es escuchar todas las posturas respecto a la aplicación de la pena máxima, y contribuir al fortalecimiento de una justicia que sea firme y respetuosa de la dignidad humana. En este espacio de diálogo -inclusivo y pluralse contó con las intervenciones del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Tinoco; del prefecto Regional de Apurímac, Edwin Carpio; y del rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, Humberto Arévalo. Los docentes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Tecnológica de los Andes, Benedigto Chiclla y Edinson Quispe; y los representantes del Colegio de Abogados de Apurímac, del Obispado de Abancay, de la Universidad Nacional Micaela Bastidas y de la Dirección Regional de Educación también participaron de este debate. La Comisión Sectorial del MINJUSDH, que recorre el país y organiza estas audiencias, considera de vital importancia dialogar de manera directa con autoridades, especialistas y ciudadanos de las diferentes regiones del país, y así presentar un informe técnico con las conclusiones de los debates realizados, a fin de que las autoridades competentes cuenten con un instrumento que les permita evaluar la pertinencia en la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores de edad.
